La oferta de educación
superior en el país se ha incrementado de manera significativa en los últimos
años. Por ejemplo, entre 1996 y el año 2012 se crearon 43 nuevas universidades,
la mayoría de ellas de gestión privada. Esta explosiva oferta ha supuesto que
en el año anterior 2012 estén estudiando 1 millón 206 mil 978 jóvenes, en todo
el sistema de educación superior.
Son múltiples las
razones que explican esta expansión de la educación superior; los avances en la
cobertura de la educación secundaria, el interés por invertir en educación y el
discurso extendido de los beneficios socioeconómicos que trae consigo estudiar,
son algunas de dichas razones.
Este proceso de
expansión, consolidado en el inicio del siglo XXI, es conocido como “la masificación de la educación superior”.
En la actualidad existe un debate alrededor de las ventajas y debilidades que esta
masificacióntrae consigo. Por un lado, existen quienes afirman que la
masificación ha supuesto una renuncia a los principios fundantes de la
universidad sobre la formación de élites y una pérdida de los estándares a la
calidad académica. Pero, por el otro, hay también aquellos que sostienen que la
masificación abre una ventana de posibilidades para el desarrollo de las
naciones y aporta a los procesos de democratización de las sociedades. Aunque
opuestas, es posible encontrar un equilibrio entre expansión y calidad, a
partir de decisiones de ordenamiento y regulación de dicha masificación.
En este contexto, el
Consejo Nacional de Educación (CNE), en el marco del Proyecto Educativo
Nacional (PEN), considera que la expansión del sistema de educación superior es
positiva. No obstante, para que los beneficios de esta expansión alcancen a
todos, es necesario imaginar un sistema de educación superiorlo suficientemente flexible como
para que cada quien pueda construir su trayectoria educativa para que le
permita adquirir las mejores competencias para insertarse en el mundo laboral y
contribuir al desarrollo del país.
Para viabilizar estos
propósitos el CNE propone una reforma de la educación superior que incluya
entre sus elementos más importantes la constitución de un sistema que articule
la educación universitaria y la técnica, y que esté organizado de forma modular
con la finalidad de facilitar los tránsitos entre los distintos tipos de oferta
educativa. Junto con ello, resulta indispensable que la educación superior se
vincule de manera efectiva con el entorno socioeconómico del país con la doble
finalidad de nutrirse de sus demandas y necesidades, y aportar al desarrollo.Esta propuesta de reforma incluye además la generación de
una autonomía responsable en las instituciones formadoras de educación
superior; es decir, la realización de sus actividades con autonomía en los
ámbitos académico, de gobierno, normativo, económico-financiero y
administrativo, pero con una constante y responsable rendición de cuentas a la
sociedad, que incluye compartir el logro de sus indicadores de calidad y mejora
continua.
No cabe duda que la
educación superior tiene el reto de ofrecer oportunidades reales de inserción
al mundo del trabajo de forma tal que se produzca un encuentro entre las
necesidades y demandas del desarrollo y la oferta educativa. Sin embargo, este
reto tiene características particulares que se deben considerar. El desarrollo
que se espera lograr gracias a los beneficios del crecimiento económico debe
venir acompañado con la determinación de reducir las brechas de desigualdad
social. América Latina es la región más desigual del planeta. Con un coeficiente
de Gini de 0.53, es 19% más desigual que el África Subsahariana, 37% más
desigual que el Este Asiático y 65% más desigual que los países desarrollados.
El Perú, con un Gini de 0.47 es ejemplo de esta situación.
Así pues, las brechas
económicas, sociales, culturales y políticas que aparecen entre ricos y pobres,
entre urbanos y rurales, entre “indígenas” y “occidentales” se hacen cada vez
más profundas, a pesar de los esfuerzos de muchos Estados, de los visibles
reclamos de los movimientos sociales y de las alertas de la academia. Por ello,
resulta fundamental que la contribución de la educación superior al desarrollo
del país reconozca en la competitividad y en la producción de conocimientos dos
elementos centrales, pero también que incorpore la formación de personas que
contribuyan a la construcción de justicia social.
Ricardo Cuenca
Consejo Nacional de Educación
Consejo Nacional de Educación
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